Cifras de la guerra contra las drogas en Colombia

 El porro o el perico no llegan a los consumidores en las manos de duendes mágicos, son el producto de una cadena de drogas ilícitas que ha derramado sangre a lo largo y ancho de Colombia durante casi medio siglo. Con sus triunfos y sus derrotas, este es un panorama de cómo va la prohibición en el país. 

La historia reciente del país es mucho más que las telenovelas sobre Pablo Escobar. El desplazamiento, la violencia y el lavado de activos son algunas de las consecuencias de un fenómeno al que se le ha invertido muchísimo (quizá demasiado) tiempo y dinero por parte de gobiernos, autoridades, agentes extranjeros (como la DEA y la NCA) y organismos internacionales. Después de más de cuarenta años de guerra, la pregunta cada vez es más frecuente: ¿ha valido la pena? Cifras del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia nos cuentan qué ha pasado en el país con esta lucha.

Consumo

Según Sergio Chaparro, investigador de la línea de política de drogas, esto se debe a que los Estados han interpretado sus obligaciones de control de las drogas priorizando estrategias represivas y desplazando las respuestas en salud e inclusión social, que han probado ser más efectivas y menos dañinas. Además se ha creado toda una industria de la prohibición que pugna por sus intereses y se resiste a ser desmontada.

Guerra contra las drogas

De acuerdo al investigador, la aspiración a un mundo libre de drogas es una utopía que pretende erradicar una realidad presente en todas las sociedades desde tiempos remotos: el impulso a alterar los estados de conciencia. Y lo pretende hacer a través de una estrategia condenada al fracaso: la prohibición, que transfiere el control del mercado de drogas a organizaciones ilegales que se lo disputan violentamente, causando enormes daños, mucho más en sociedades con instituciones débiles.

Capturas por delitos de drogas

¿Cuáles son los principales roles que son capturados dentro de la cadena de producción y distribución (cultivadores, comercializadores, vendedores)? Según Chaparro, quienes desempeñan labores de bajo nivel y de alto riesgo, y que son fácilmente reemplazables. Gustavo Duncan, profesor de la Universidad de los Andes, ha señalado cómo se persigue a quienes entran en contacto con la mercancía pero no a quienes controlan el capital y las alianzas al más alto nivel, que son quienes mueven el negocio y se lucran de él.

Según Dejusticia, esto se debe a que la guerra contra las drogas siempre ha sido selectiva: dura contra los débiles, débil contra los poderosos. Desde sus orígenes en Estados Unidos, ha habido una persecución a minorías raciales y a inmigrantes. Hoy, en países como Colombia, se persigue a campesinos, hombres y mujeres pobres que sirven de correos humanos e incluso a usuarios de drogas. En cambio, no se castigan y desmontan con la misma contundencia a los capos y a sus aliados en la política y la economía legal. Aunque es más difícil de perseguir, la persecución penal tendría que enfocarse en estas actividades para luchar con el problema de raíz.

¿A qué se debe esto? ¿Hay alguna política de acompañamiento o educación para este sector de la población? Chaparro afirma que se debe a que estas mujeres se vinculan a los mercados de drogas como una opción de sobrevivencia. Muchas de ellas no tienen más oportunidades y lo hacen en momentos difíciles, otras lo hacen como una forma de ganar plata fácil. Sin duda, si ellas contaran con mayores oportunidades y sus derechos fueran garantizados, buscarían ganarse la vida de otra forma. No hay una política específica para enfrentar este fenómeno de forma más inteligente y comprensiva, salvo una que otra iniciativa local. Países como Costa Rica han intentado apoyar antes que castigar a mujeres que, por ejemplo, ingresan drogas a cárceles, con muy buenos resultados en reducción de reincidencia.

Sergio Chaparro afirma que Colombia ha avanzado en la persecución al lavado de activos y al crimen organizado. “Eso se ve reflejado en el fortalecimiento de instituciones como la UIAF, o la capacidad de las Altas Cortes en sancionar fenómenos como el narcoparamilitarismo y sus alianzas políticas. Pero queda mucho por hacer. Un cambio en la política de drogas es un paso indispensable para que, combinada con una reforma al sistema electoral, se blinde la política de la influencia del narcotráfico. Una combinación virtuosa e inteligente de varias políticas es la forma de enfrentar el fenómeno”.